3,. Implantación de pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa
Siguiendo con nuestro análisis del anteproyevto de la LOMCE, en el tercer capítulo introductorio se resumen algunas de las medidas más significativas que, al parecer, se llevarán a cabo. Además de la flexibilización de las trayectorias, ya analizadas en nuestra anterior entrada, se habla de la implantación de pruebas al final de determinadas etapas educativas o ciclos. La medida queda redactada en el citado anteproyecto de la siguiente manera:
2º) Implantación de pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa. Estas pruebas, que serán en algunos casos hitos determinantes para la progresión en el sistema educativo, señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia, introduciendo elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados para posibilitar la adopción temprana de las actuaciones encaminadas a resolver los problemas detectados.
A simple vista, nos parece evidente que la detección de los problemas para su posterior resolución es algo innato a la práctica docente. No entendemos, por tanto, que se incida sobre esta cuestión como si de una novedad se tratara. Tampoco nos parece del todo sensato que se hable, literalmente, de la "introducción de elementos de certeza y objetividad", pues parece dar a entender que el profesorado no aplica criterios de objetividad en todo lo referente a objetivos o a evaluación, que parece ser lo más importante en esta reforma educativa. Y esto no lo decimos nosotros, sino que aparece por activa y por pasiva a lo largo y ancho de este texto que estamos tratando de descifrar. La palabra "comparabilidad" ya nos dice bastante: Se trata de comparar, saber cuáles son mejores y cuáles son peores... ¿pero con qué objeto? ¿Resolver realmente los problemas detectados en el alumnado con desfase curricular o determinar su futuro en función a los resultados obtenidos? No se nos escapa la expresión "hitos determinantes", como tampoco el hecho de que, como veremos a continuación, estas pruebas persiguen la segregación del alumnado en función de sus competencias. Se trata por tanto de un criterio "resultadista" en el que los valores de la competitividad están siempre presentes (las comparaciones que hace el anteproyecto con los países de nuestro entorno son insistentes). Es, en definitiva, un sistema orientado a la excelencia, pero merma por completo el concepto de diversidad.
Veamos ahora cómo se concretan estas pruebas a lo largo de las distintas etapas educativas:
Al finalizar 3º de Primaria, los centros educativos realizarán una evaluación a todo el alumnado para comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas en Lengua y Matemáticas. En función de los resultados obtenidos , los equipos docentes tomarán una decisión, que podrá ser la repetición del curso. Nos parece que la repetición de curso a edades tan tempranas no debe venir determinada a raíz de una prueba que, además, vendrá impuesta desde el gobierno central (restando así autonomía a los centros, a pesar de que en otros capítulos se diga lo contrario) y será evaluada por personal externo al centro. Como ven, se trata de una especie de selectividad a los 8 años... no hay mucho más que comentar.
Al finalizar 6º de Primaria, el alumnado realizará otra prueba, sin efectos académicos, para comprobar la adquisición de las competencias básicas y objetivos de la etapa, y así estudiar la "viabilidad del tránsito del alumno por la siguiente etapa". Se comenta que su resultado será informativo y orientador. Pero volvemos a incidir en lo que dijimos anteriormente: Parece algo descabellado basar decisiones tan trascendentales en una única prueba, sobre todo si, aquí también, la prueba llega y es evaluada por personal ajeno al centro, que por supuesto desconoce la trayectoria vital y académica de cada alumno o alumna.
A lo largo de Secundaria, no se habla de pruebas específicas, pero sí de "consejos orientadores" al final de cada curso para proponer el itinerario a seguir (`por ejemplo, hacia un 4º de "Enseñanzas Académicas" o un 4º de "Enseñanzas Aplicadas") y, en su caso, la incorporación a "Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento" o a un "Ciclo de Formación Profesional Básica", en un intento de segregación que ya comentamos en el capítulo anterior.
Al finalizar 4º de Secundaria, el alumnado que haya superado todas las materias o suspendido un máximo de dos, deberá realizar una prueba de evaluación, pudiendo elegir cualquiera de las opciones (Enseñanzas Académicas o Enseñanzas Aplicadas). Nuevamente se vuelve a incidir en que las pruebas serán realizadas según criterios fijados por las administraciones. Y nuevamente nos vuelve a decir que serán calificadas por "especialistas externos al centro". Al contrario que en Primaria, estas pruebas sí tendrán efectos académicos y condicionarán, más aún si cabe, el futuro de cada alumno, ya que tendrá un valor de un 30% a efectos de determinar el acceso a Bachillerato o a Formación Profesional de Grado Medio, según sea el caso. En el título que se obtenga aparecerá la opción elegida y la nota alcanzada, lo cual nos parece bastante grave, en tanto en cuanto marcará muy tempranamente el futuro profesional de los alumnos, que en muchos casos verán cerradas no pocas puertas a la edad de 15 años.
Al finalizar 2º de Bachillerato volverá a haber una prueba calificadora. Esto no es tan novedoso, puesto que existen desde hace tiempo y son conocidas como Pruebas de Acceso a la Universidad (o Selectividad). Dicha prueba tendrá un peso de un 40% del total, serán supervisadas desde el gobierno central y evaluadas, cómo no, por personal externo al centro.A todo esto hay añadir, en relación al acceso a estudios superiores, que se tendrá en cuenta, además de la calificación obtenida, otros estudios complementarios y una "evaluación específica de conocimientos y/o de actitudes personales", aspectos peliagudos que pueden poner en situación de desventaja al alumnado procedente de entornos sociales desfavorables.
Por último, en relación a la Formación Profesional, se habla de las condiciones de acceso. Entre ellas, destaca, tanto en los ciclos formativos de grado medio como en los de grado superior, el hecho de haber superado pruebas de admisión en centros públicos o privados autorizados por el gobierno y según criterios del mismo. Parece ser, por tanto, que los filtros para el acceso del alumnado a determinados estudios también estará presente en la formación profesional.
Resumiendo, nos encontramos con un anteproyecto de ley en el que una de sus "medidas estrella" es la implantación de un conjunto de pruebas encaminadas a la segregación del alumnado desde la Educación Primaria. Esta circunstancia, que nos recuerda a tiempos pasados, es más grave de lo que parece. Parece ser que para el actual Ministro de Educación y su equipo, la educación se circunscribe a un conjunto de conceptos con los que triunfar en el mundo empresarial, obviando así los valores, el espíritu crítico o el crecimiento personal. Establece la competencia con el contrario como principio básico, y carga a los alumnos con una sucesión de pruebas de obstáculos de las que sólo los más aventajados saldrán victoriosos.
Resulta además muy sintomático el hecho de que, en un momento de recesión económica como el que nos encontramos, se establezcan tantas pruebas extraordinarias, habida cuenta del enorme gasto que éstas suponen. Pero resulta aún más curioso cuando recordamos quién las encarga ("las administraciones educativas") y quién las califica ("especialistas externos al centro"), aspectos éstos que no deben pasar desapercibidos, pues confirma el control que desde el Gobierno se quiere hacer de la libertad de los educadores, por un lado, y deja abierta la puerta a la intervención de la empresa privada en la evaluación de los centros,por otro, dejando claro, una vez más, el desprestigio que se viene haciendo a la enseñanza pública durante los últimos años.
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